Recientemente, la empresa Komir (Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp.) comenzó el proceso de demandar a Panamá por $747 millones (lo que representa un millón de wones en su país de sede) por el cierre de la mina en el istmo llamada Cobre Panamá, de la cual tienen un 10% de participación al contar con acciones de la misma. Además, el diario coreano The Korea Economic Daily ha informado que Komir persigue una compensación producto de un conflicto entre inversionistas y Estados denominado arbitraje internacional.
Cabe resaltar que Komir adquirió el 10% de Minera Panamá en el 2009, empresa que también es filial de la compañía canadiense First Quantum Minerals; no obstante, ante la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia panameña al declarar inconstitucional el contrato firmado entre Panamá como Estado y la minera el año pasado, lo cual a su vez trae consigo el cese de operaciones de la mina en el país, se estaba incumpliendo con lo pactado en su momento.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de Panamá fue influenciada en su acción en parte por las protestas intensas que tomaron lugar en la nación durante unas semanas (siendo una de las mayores protestas en el país hace décadas), pues el pueblo panameño consideró que la concesión estatal firmada en la ley 406 del 20 de octubre de 2023 estaba facilitando una explotación minera de los recursos sin las regulaciones necesarias, tomando en cuenta que esta ley conllevaba seguir con las operaciones mineras por 20 años de la más notable mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica, incluso con la posibilidad de prórroga por 20 años más, contribuyendo anualmente al Estado unos $375 millones de dólares.
El contrato, de la misma forma, fue controversial al percibirse como una pérdida de aquella soberanía por la que se luchó arduamente en el pasado y que la actividad minera que ha sido bastante lucrativa desde que se inició., representando el 1% de la producción de cobre a nivel mundial y el 5% del PIB (Producto Interno Bruto) del país, debía proveer más ganancias destinadas al tesoro público, sobre todo teniendo en cuenta las repercusiones negativas al medio ambiente que implicaría continuar con la minería.
Sin embargo, el rechazo de los ciudadanos panameños a la explotación minera no es del todo reciente. Este yacimiento del que la empresa Minera Panamá realiza extracciones, localizado en la provincia de Colón, registra actividad desde el 1997 al firmarse un acuerdo entre el Estado panameño y la sociedad minera Petaquilla S.A., concretado sin licitación ni estudios de impacto ambiental, como lo explicó a BBC Mundo la licenciada Raisa Banfield, presidenta de Panamá Sostenible. Inclusive, dicha polémica provocó que los panameños realizaran una demanda en el año 2009 que logró un fallo de incostitucionalidad en el 2017, publicando en la Gaceta Oficial este agravante en el 2021.
Banfield también menciona que se aprovecharon del tiempo que tomó este proceso en expandir las operaciones de la empresa minera en el país y, en teoría, el Estado debía haber regido según el fallo definitivo que mostraba la Gaceta Oficial, pero renegociaron el contrato a puertas cerradas al reunirse con la filial canadiense First Quantum Minerals durante enero del 2022 y luego anunciaron el acuerdo final sin participación ciudadana en marzo de 2023, desencadenando así el resto de eventos que conocimos, a causa de que el presidente y la Asamblea no contemplaron la voluntad colectiva y no tomaron las acciones pertinentes en su momento, al mejorar ciertas condiciones del contrato polémico, mas no derogarlo.